lunes, 21 de marzo de 2011

ATORAN ESTADOS JUICIOS ORALES


REFORMA Ciudad de México (21 marzo 2011).- La aplicación del nuevo modelo de justicia sigue en pañales.

A 32 meses de la entrada en vigor de la reforma constitucional aprobada en 2008, únicamente siete entidades del País operan el sistema basado en la oralidad de los juicios y el uso de métodos alternativos de solución de conflictos.


Un documento de la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) revela que los estados en etapa de "operación" son Chihuahua, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Estado de México, Morelos y Baja California.

Estas entidades, indica, han cumplido con seis requisitos indispensables: infraestructura y equipamiento, tecnologías de la información y plataforma de comunicación, normatividad (reformas complementarias), capacitación, difusión y mejora continua.

En tanto, 4 estados están en la etapa previa, la de "entrada en vigor"; 14 apenas en "planeación" y 7 más, los más atrasados, siguen en "fase inicial".

"El impulso que se dé a las entidades deberá enfocarse a que todas, de manera progresiva y respetando su soberanía, avancen a su siguiente etapa (...) con miras a que en 2016 la reforma se encuentre implementada en la totalidad del País", destaca el informe "Avances en la Implementación de la Reforma", elaborado en enero.

Los órganos estatales encargados de instaurar el modelo acusatorio-oral atribuyen el desigual proceso de instauración básicamente a resistencias políticas y culturales, de acuerdo con otro documento de la Secretaría de Gobernación.

El reporte, que recoge las conclusiones de una reunión privada encabezada por la Setec y sostenida por representantes de 29 de las 32 entidades en octubre pasado, destaca, además, la necesidad de equilibrar a más tardar este año el grado de avance en todo el País.

"El proceso nacional es desigual, avanza a ritmos distintos y muestra debilidades que estamos a tiempo de contrarrestar. No se percibe el mismo nivel de compromiso por parte de los operadores del sistema. Existen resistencias políticas y culturales ante nuevos modelos de justicia.

"Se requiere de la voluntad política de los tres órdenes de gobierno así como de la sociedad civil para impulsar los cambios de fondo y contar con los recursos financieros y humanos, para que cada estado asuma cabalmente los objetivos de la reforma", indica.

En 2010, el Gobierno federal autorizó la erogación de 325.5 millones de pesos, de recursos federales, para financiar los primeros 92 proyectos estatales enfocados a la instauración integral de la reforma de juicios orales. Para este año, la Setec contará con 443 millones de pesos más para el mismo fin.

Ernesto Canales, integrante de la Red de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso, sostuvo que el grado de avance a nivel federal también es "muy bajo", condición que atribuye a la falta de liderazgo de la Setec para encabezar adecuadamente el proceso de implementación.

"Hay que preguntarnos dónde está la voluntad política del Gobierno federal respecto a la reforma. Ni siquiera sabemos, por lo menos la ciudadanía, que haya un cronograma o planes. Ya vamos a llegar a los tres años y de lo único que hablan es que se han capacitado a tantos policías.

"Y nuestra pregunta es: ¿conforme a qué patrón se han capacitado si no existe la reforma legal secundaria que implemente los principios de la Constitución", dijo.

Carlos Mendoza, especialista de la UNAM, criticó la falta de compromiso de los distintos actores, entre ellos los tres Poderes y tres órdenes de Gobierno.

"Hay una deficiencia en varios órdenes que nos lleva a tener retrasos muy importantes y que, en muchas ocasiones, utilizan únicamente el argumento de la ausencia de presupuesto para no concretar sus iniciativas", dijo el consultor en temas de seguridad y justicia.

"Quiénes son esos actores, son los ejecutivos estatales, que no promueven iniciativas, los legislativos porque no están tratando en articular iniciativas o analizar las propuestas que les envía el Ejecutivo; y los poderes judiciales que se resisten a modificar sus zonas de confort que les ha dado el sistema tradicional durante años".

Sólo nueve con reformas legales

De las 32 entidades del País, sólo nueve han reformado sus leyes secundarias para adoptar el nuevo modelo de justicia basado en la oralidad: Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas.

En Chihuahua, por ejemplo, se han modificado el Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores, Ley de la Defensoría Pública, Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Ley Orgánica del Ministerio Público y Ley Orgánica del Poder Judicial.

Derivado de la reforma de junio de 2008 también se han modificado normas federales como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y Ley de la Policía Federal (PF).

Con ellas se dotó de más facultades al Ministerio Público para integrar las averiguaciones previas, se tipificó la extinción de dominio y se dieron más garantías a las víctimas del delito, además de concretar un nuevo modelo de organización para investigar, perseguir el delito y combatir la corrupción.

También se facultó a la Policía Federal para solicitar la intervención de comunicaciones privadas al Poder Judicial, sin la mediación del Ministerio Público; previamente, sólo la PGR y eventualmente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) podían formular dichas peticiones.

Asimismo, la nueva Ley de la Policía Federal le permite a los agentes de la corporación realizar investigaciones encubiertas para recabar datos en flagrancia de las actividades ilícitas de personas sospechosas de cometer delitos, así como recolectar muestras corporales para extraer ADN, huellas dactilares y otros elementos de identificación distintos a fotografías y videos.

'Van a su aire'.- Magaloni

A falta de un verdadero plan centralizado, las entidades del País están implementado el nuevo modelo de justicia penal "a su aire", consideró Ana Laura Magaloni, académica del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

"No me preocupa tanto cuánto se han movido (los estados que ya implementaron la reforma), lo que más me preocupa es que no hay un plan más o menos centralizado. La diferencia entre estados es enorme, no estamos aprendiendo de la experiencia de Chihuahua o Nuevo León, por ejemplo.

"Cada estado van un poco a su aire y no tenemos claro si son comparables esas reformas o no, si estamos hablando de los mismo, yo esperaría ver cuatro o cinco estados que pudieran hacer la diferencia, que fuera a todas luces claro que es una buena política pública que tiene desafíos en su implementación, pero que si lo logras, funciona", dijo.

Al hacer un balance de los avances en la materia, la especialista sostuvo que en 2016, una vez que se cumplan los ocho años que dio el Congreso para implementar la reforma constitucional penal, seguramente habrá fracasos, pero también espera ver "grandes éxitos".

Enrique Canales, integrante de la Red de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso, urgió a acelerar la aprobación del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales para darle una "columna vertebral" a la reforma.

Aseveró que hay tiempo suficiente para instaurar el modelo acusatorio oral, pero no porque se hayan registrado avances significativos en los años recientes, sino porque hubo estados como Chihuahua que comenzaron a implementarlo incluso antes de las modificaciones constitucionales de junio de 2008.

"Nosotros, desde la sociedad civil, hemos estado trabajando en consensar un proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales con el órgano federal de implementación, la Suprema Corte, la Judicatura, los estados, los tribunales estatales.

"Y estamos listos para presentar este proyecto, sin embargo quisiéramos ser acompañados por el Gobierno federal y por quienes, como autoridad, son los autores políticos de la implementación. Falta dar el paso ya de una estructura legal que señale el camino", expresó.

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